DIA GLOBAL DE AÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS CONTRA A ENERGIA SUJA, DANINHA E CAPITALISTA...LEIAM

¡Únase al Día Global de Acción de los Pueblos Indígenas contra la energía sucia, dañina y capitalista el 9 y 10 de noviembre de 2013!

ENERGÍA PARA LA GENTE:

AFIRMANDO EL DESARROLLO ENERGÉTICO AUTODETERMINADO PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS          

Los pueblos indígenas se unen a diferentes organizaciones, grupos y pueblos a nivel mundial para denunciar a la energía sucia y dañina, destructiva y capitalista durante el Mes Global de Acción sobre Energía RECUPERAR LA ENERGÍA del 11 de octubre al 11 de noviembre de 2013.

Aproximadamente 370 millones de personas indígenas ocupan el 20 por ciento del territorio de la tierra, en áreas de alta diversidad biológica y riqueza de recursos naturales, y donde se encuentran los bosques restantes del mundo. Nosotros, los pueblos indígenas compartimos una relación intrínseca con nuestras tierras y territorios que definen nuestro bienestar espiritual, cultural, social y económico. Nosotros cuidamos, defendemos y preservamos nuestras tierras, territorios y recursos naturales para su uso y goce por nuestras generaciones futuras. Sin embargo, pese a que se nos conoce como los administradores históricos del medio ambiente, seguimos siendo marginados, y nuestras tierras y territorios son continuamente tratados como mercancía con fines de lucro sin el debido reconocimiento y respeto de nuestro derecho inherente a la libre determinación, desarrollo sostenible auto-determinado y los derechos colectivos generales como pueblos indígenas a nuestras tierras, territorios y recursos tradicionales.

Los proyectos de energía y las industrias extractivas, a menudo apoyados por el Estado y controlados por las corporaciones, son los principales violadores de los derechos de los pueblos indígenas a las tierras, territorios y recursos ya que éstos también afectan directamente a nuestra cultura e identidad. La militarización de nuestros territorios o los despliegues de tropas militares del Estado en las áreas de proyectos empeora esta situación, lo que da lugar a diversos tipos de violaciones de derechos humanos. Esencialmente, todos éstos tienen efectos etnocidas en los pueblos indígenas en diferentes partes del mundo.

También somos los menores contribuyentes al cambio climático, pero estamos entre los más vulnerables a los impactos devastadores de la crisis climática. Nuestras formas de vida sostenibles, nuestros conocimientos y prácticas tradicionales, y  valores culturales son soluciones viables a la crisis climática y una alternativa al paradigma de desarrollo con fines de lucro, como se ha comprobado a lo largo del tiempo.

Nos resistimos a los proyectos energéticos destructivos y capitalistas  

Los sistemas de energía están entre los llamados proyectos de desarrollo que están siendo impuestos en nuestras tierras y territorios – grandes represas y  proyectos hidroeléctricos, explotación de carbón, extracción de petróleo, gas natural, energía geotérmica, energía nuclear, entre otros. Éstos tienen serios impactos en nosotros y el ambiente natural del que dependemos para nuestra supervivencia económica y sociocultural.  Por lo tanto, estamos protestando contra las operaciones en curso y los proyectos energéticos propuestos, como la represa de Belo Monte en Brasil; las represas Mapithel, Tipaimukh y Loktak en Manipur, India, una serie de grandes represas a lo largo del río Mekong en el sudeste de Asia, y numerosas represas grandes en Malasia; represas y energía geotérmica en las Filipinas y otros países, las arenas bituminosas en Canadá, los proyectos petroleros en Colombia, Ecuador, Nigeria, Myanmar, Indonesia, y muchos más.

Una tendencia reciente en la industria de la energía es un aumento significativo en los llamados proyectos de energía renovable que son implementados en nuestros territorios en la forma de proyectos de energía hidroeléctrica, centrales a filo de agua o de agua fluyente, geotérmicos, solares, y eólicos. Sin embargo, las corporaciones grandes, gobiernos y otros productores independientes de energía son los que son propietarios, controlan y administran estos proyectos que sirven principalmente a sus propios intereses.  Ellos manipulan completamente nuestro Consentimiento Libre, Previo, e Informado  manipular nuestro consentimiento libre, previo e informado (CLPI) y saquean  nuestros recursos naturales. Un ejemplo muy sonado de esto es Chevron, una notoria compañía de energía de propiedad estadounidense que opera a nivel mundial, y sus proyectos de energía geotérmica en la Cordillera, en las Filipinas. Por lo tanto, para nosotros, los pueblos indígenas, la energía renovable puede no ser necesariamente limpia, verde y beneficiosa para la gente. Puede llevar al saqueo de nuestros recursos naturales y la apropiación de tierras. Cualquier "energía renovable" que esté orientada al lucro y resulte en el saqueo de nuestros territorios y recursos es inaceptable para nosotros.

La energía es vital para satisfacer las necesidades y los derechos humanos básicos. Sin embargo, el sistema energético insostenible impulsado por el capitalismo prevaleciente no contempla el desarrollo, las necesidades y los derechos de los pueblos indígenas. Éste representa amenazas a nuestra existencia.  También exacerba la crisis climática que empeora ya que es el contribuyente más grande y de crecimiento más rápido de las emisiones de gases de invernadero - 35% de todas las emisiones humanas de GEI provienen del sector energético.  

Nuestras alternativas

Para que la energía y el desarrollo sean sostenibles, viables y adecuados para los pueblos indígenas, deben apuntalar el reconocimiento y respeto de nuestros derechos colectivos a nuestras tierras, territorios, recursos, y derecho a la autodeterminación, lo que incluye al Consentimiento Libre, Previo e Informado. Deben empoderarnos y liberarnos de la pobreza, injusticia, marginación,  opresión y explotación.  Se debe producir sólo lo que la gente necesita, no para lucro capitalista y codicia. Deben ser socialmente equitativos y justos, en armonía con la naturaleza y la Madre Tierra, y responsables por los intereses y bienestar no sólo de las generaciones presentes sino también las futuras. Las siguientes son algunas de nuestras propuestas alternativas:

• Sistemas de energía renovable de propiedad y manejo comunitario, limpios, favorables para el medio ambiente y sostenibles, que cubran directamente las necesidades básicas de la gente de producción y procesamiento de alimentos, iluminación, preparación de comidas, comunicación, medios de subsistencia, industria liviana, y otras necesidades energéticas básicas. Un ejemplo de esto es una central micro hidroeléctrica, que es planificada, diseñada y controlada por una comunidad indígena a través de su organización comunitaria.  

• Sistemas e infraestructura energética que sea adecuada a las necesidades, cultura y condición de las comunidades indígenas, como ser los sistemas de energía descentralizados.  

• Promover un desarrollo energético sostenible y auto-determinado para los pueblos indígenas y un marco de energía alternativa orientado a atender las necesidades de las personas y no con fines de lucro.

• Sistemas energéticos que garanticen el acceso equitativo a todas las personas.

• Alimentación de sistemas de producción, distribución y consumo que sean compatibles con los límites del planeta y que estén orientados a satisfacer las necesidades de los pueblos en lugar de la búsqueda incesante de ganancias.

Únase a nosotros en las Jornadas de Acción Global de los PI sobre Energía el 9 y 10 de noviembre de 2013

En estas fechas importantes, conmemoraremos el legado y el martirio de los pueblos indígenas que valientemente lucharon por nuestras tierras y territorios, como Ken Saro Wiwa, activista indígena, ambientalista y defensor de los derechos humanos del pueblo Ogoni de Ogonilandia en Nigeria. Exijamos colectivamente lo siguiente:

• Respeto del derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación y a la tierra, territorios y recursos

• Cumplimiento con el  desarrollo auto-determinado y sostenible de los pueblos indígenas

• Respeto y garantía de la aplicación efectiva del Consentimiento Libre, Previo e Informado

• Cese a la militarización de los territorios indígenas donde se encuentran los proyectos de energía y otras industrias extractivas

• Procesamiento de las corporaciones energéticas y los Estados responsables de violaciones de los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas

• Cese del funcionamiento de los sistemas de energía destructivos

• Cancelación de los nuevos proyectos energéticos en tierras y territorios indígenas

• Provisión de una indemnización justa a las comunidades indígenas afectadas

• Reorientación del sistema energético capitalista. Cese de la mercantilización, la privatización y la desregulación de la energía

• Derogación de las leyes y las políticas estatales en el sector de la energía que sean incompatibles con los derechos de los pueblos indígenas, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DDPI) y otras normas internacionales de derechos humanos.

Los instamos a que hagan uno o más de lo siguiente:

• Hacer circular declaraciones entre el público y la prensa / medios

• Enviar cartas de interés a los formuladores de políticas

• Publicar fotos / citas / declaraciones / mensajes a través de Facebook, Twitter, blogs personales, sitios web y otros medios sociales

• Organizar entrevistas / conferencias de prensa

• Realizar acciones de protesta

• Realizar foros públicos, discusiones comunitarias, otras actividades educativas

• Establecer redes de campaña y promoción y alianzas sobre temas relacionados a los pueblos indígenas en relación a la energía

• Unirse a la Convocatoria a la Acción para Energía para los Pueblos, “Power 4 Peoples”! Visitar http://www.internationalrivers.org/campaigns/power-4-people

Para realizar acciones coordinadas, por favor infórmenos, por medio de la siguiente dirección, sobre cualquier actividad que se desee llevar a cabo durante las Jornadas de Acción Global de los PI sobre Energía.

Secretaría del Movimiento de Pueblos Indígenas para la Autodeterminación y la Liberación (IPMSDL)

Email: ipmsdl@gmail.com, cpa@cpaphils.org

Teléfono: +63 74 3044239

Fax: +63 74 443 7159

El Movimiento de los Pueblos Indígenas por la Autodeterminación y la Liberación (IPMSDL) es un movimiento mundial de organizaciones de base de pueblos indígenas, comunidades y defensores para proteger nuestros derechos inherentes a la tierra, vida, autodeterminación, para la liberación de la opresión del Estado y las violaciones los derechos humanos, y para la justicia social. Para obtener más información, visitar www.ipmsdl.wordpress.com

GRANDES PROJETOS NO PERNAMBUCO AFETA POPULAÇÕES TRADICIONAIS...ABSURDO

Suape fora da lei

Heitor Scalambrini Costa

Coordenação do Fórum Suape e professor da UFPE

"A vida consiste em escolher entre indignos e indignados.

Eu sempre estive com os indignados". Eduardo Galeano

Para quem acompanha o modelo de desenvolvimento industrial predatório, adotado em Pernambuco, que tem na empresa que administra o Complexo Industrial Portuário de Suape seu símbolo maior, não se surpreendeu com a multa a ela aplicada pela Agência de Meio Ambiente – CPRH em razão do impacto ambiental que vem causando (JC 10/9), em particular com as obras de dragagem e derrocagem do porto pela empresa holandesa Van Oold.

São tantos os desmandos, o não cumprimento de leis, as injustiças praticadas pela empresa Suape ao longo dos últimos anos contra o meio ambiente e as populações locais, que não daria nestas parcas linhas descrevê-los.

O mais gritante desapego à lei são os anos e anos (mais de 10 anos) de descumprimento da aplicação das compensações ambientais impostas para que os desmatamentos dos mangues, restingas e mata atlântica ocorressem naquele território. Os inúmeros Termos de Ajustes de Conduta assinados com o Ministério Público foram sistematicamente desrespeitados pela empresa Suape. Em janeiro de 2012, a empresa publicou como matéria paga nos três jornais de grande circulação do Estado informe publicitário anunciando que o passivo ambiental daquela área tinha sido zerado. Até hoje, os moradores se perguntam onde foram realizadas as intervenções anunciadas com grande pompa? E o Ministério Público, que não se posicionou sobre o pedido de informação para que Suape apontasse em que locais teriam sido efetuadas aquelas intervenções?

Outra questão que indigna a todos os de boa vontade é a truculência com que é tratada a população local (pescadores, agricultores familiares, trabalhadores) que sistematicamente sofrem violências contra seus direitos mais elementares. É sempre bom relembrar que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, passou a incorporar o direito à moradia adequada como um dos direitos humanos reconhecidos internacionalmente como universais, e que lamentavelmente não é acatada por quem se diz proprietária da área, e que tem deveres em relação a seus moradores. Um exemplo a ser citado, que tem a ver com o direito a ir e vir, diz respeito aos moradores da Ilha de Tatuoca, que agora, para entrar e saír de onde vivem há décadas (mesmo antes da existência da empresa), receberam uma carteirinha de identificação da empresa Suape. Sem falar da verdadeira “milícia” (como chamam os moradores), que foi criada e é comandada pela Diretoria de Gestão Fundiária e Patrimônio da empresa, que infernizam e tornam a vida dos que ali moram insuportável.

O mais recente episódio é à matéria jornalística do JC de 12/9 último, dois dias após a mídia pernambucana e nacional divulgar a multa de 2,5 milhões de reais aplicada pela CPRH em razão das nocivas consequências ambientais provocadas pelas obras realizadas no Porto de Suape.

A reportagem “Posseiros de Suape são indenizados” dava conta de que 600 famílias oriundas de 5 engenhos, numa área de 670 ha, seriam indenizadas (valor médio de R$ 58 mil reais por família) com recursos repassados pela CPRH à empresa Suape. Dinheiro esse na realidade, recebido da Refinaria Abreu e Lima, e pago como parte da compensação ambiental. Além do escândalo no valor das indenizações (o ha em Suape vale hoje em torno de 500 mil reais), o mais grave, caso esta informação seja confirmada, é que recursos advindos de compensação ambiental são expressamente proibidos pela Lei Federal nº 9.985, de 18/07/2000, e pela Resolução nº 371, de 05/04/2006, do CONAMA, de serem usados para pagamento de indenizações. Então como Suape utilizará destes recursos nas indenizações?

É chegada a hora da sociedade pernambucana ter mais informações sobre o que esta acontecendo naquele território, e não somente receber “propaganda chapa branca” sobre geração de renda e de empregos. A “caixa preta” desta empresa pública tem que ser aberta, e a mídia têm um papel fundamental: o de informar os dois lados da questão. 

PRESIDENTA DA FUNAI ASSUME AMEAÇA AOS DIREITOS DOS POVOS INDÍGENAS NO MARCO DOS 25 ANOS DA CONSTITUIÇÃO DE 88

Direitos de índios podem ser aniquilados, diz chefe da Funai

João Fellet

Da BBC Brasil em Brasília

Atualizado em  1 de outubro, 2013 - 05:08 (Brasília) 08:08 GMT

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Assirati diz que Funai encontra obstáculos até dentro do governo

Grande marco para o reconhecimento dos direitos de indígenas no Brasil, a Constituição de 1988 completa 25 anos nesta semana. Para a presidente da Funai (Fundação Nacional do Índio), Maria Augusta Assirati, não há razões para celebrar.

Nas últimas semanas, congressistas da bancada ruralista aumentaram a pressão para alterar um ponto da Carta que, segundo Assirati, trata de uma questão essencial para a sobrevivência desses povos. Eles querem transferir do Poder Executivo para o Legislativo a competência de demarcar terras indígenas.

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A ação, diz a presidente da Funai, pode retardar ou até impedir novas demarcações.

"Este é, de fato, o momento mais delicado desde a promulgação da Carta", afirma Assirati, que assumiu a chefia do órgão oficial indigenista em junho.

Em entrevista à BBC Brasil, ela diz que mesmo dentro do governo a Funai enfrenta obstáculos para executar seu trabalho. Segundo Assirati, declarações públicas de órgãos oficiais criaram um ambiente "totalmente desfavorável" a novas demarcações, atrasando processos em quase todo o país.

Afirma ainda que o governo não estava preparado para a complexidade da construção da usina de Belo Monte, no Pará. Em vez de mitigar os efeitos da obra entre indígenas, diz a presidente da Funai, as ações da construtora voltadas a esses povos causaram "impactos enormes, alguns deles irreversíveis".

Leia, a seguir, os principais trechos da entrevista, concedida na sede da Funai na segunda-feira.

BBC Brasil - Na semana em que Constituição de 1988 completa 25 anos, índios protestam em vários pontos do país e dizem enfrentar as maiores ameaças a seus direitos desde a promulgação da Carta. Concorda com a avaliação?

Maria Augusta Assirati - Concordo. Em 1988, tivemos um conjunto de avanços, como a garantia territorial e a valorização de crenças e tradições, e passamos a implementar esses direitos. Houve algumas tentativas de reduzir e rediscutir esses direitos, mas essas tentativas nunca foram tão claras como agora.

Está em curso um conjunto de proposições no Congresso para rever a própria Constituição. Este é, de fato, o momento mais delicado desde a promulgação da Carta.

BBC Brasil - Quais propostas mais preocupam?

Assirati - As que transferem parcela da atribuição no processo de demarcação ao Congresso. Além da inconstitucionalidade dessas propostas, porque ferem cláusula pétrea, da separação de Poderes, elas revertem um direito originário. Elas poderiam retardar ou impedir o avanço das demarcações no país.

Também nos preocupam proposições para regulamentar o parágrafo da Constituição que define o que é de relevante interesse nacional e, portanto, estaria excluído da possibilidade de demarcações. Nesse contexto de busca de avanço territorial do agronegócio, isso poderia representar um impacto muito negativo.

Há ainda propostas que podem colocar em risco inclusive demarcações já realizadas, o que causaria uma completa aniquilação de direitos já conquistados pelos indígenas.

BBC Brasil - O governo está negociando essas propostas com os congressistas? No início do ano, numa aparente tentativa de acalmar os ânimos, a ministra da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, disse que o governo iria alterar o processo de demarcação.

Assirati - Para nós (Funai), não há possibilidade de negociação. Muitas vezes, pessoas contrárias a demarcações entendem que há subjetividade grande e que poderia haver diálogo para que outros interesses fossem contemplados no processo.

Quando se fala de pequenos agricultores, de pessoas que usam terra para produção comunitária, como quilombolas e ribeirinhos, é evidente que o Estado deve buscar equilibrar esses direitos.

Mas esses argumentos têm sido usados em defesa de um uso da terra para a produção econômica e para o crescimento econômico pura e simplesmente. Compatibilizar demarcações com essas intenções é difícil, porque você está tratando de um direito que conflita com um interesse, e não com outro direito.

BBC Brasil - Quais serão as mudanças no processo de demarcação?

Assirati - Poderemos dar mais transparência aos critérios que levam à identificação e delimitação de uma área de ocupação tradicional pela Funai.

"Do total que havia para ser demarcado em 1988, faltam cerca de 3%. Mas desde então houve surgimento de outras comunidades, dissidentes, e avaliamos que áreas para certos grupos são insuficientes. Então são um pouco mais do que aqueles 3%."

A segunda coisa é: quando oponentes a processo de identificação e delimitação têm alguma divergência, essas contestações hoje são analisadas e julgadas pela própria Funai. Acho que não haveria prejuízo se outro órgão, e no meu entendimento esse órgão seria o Ministério da Justiça, avaliasse essas contestações.

BBC Brasil - E quanto à inclusão de outros órgãos no processo, como a Embrapa, conforme a ministra Gleisi aventou?

Assirati - Se o órgão tiver informação que possa contribuir com a demarcação, essa contribuição é bem-vinda. Mas somos contra a possibilidade de uma intervenção tendente a inviabilizar o processo.

BBC Brasil - Quanto de terra ainda falta a demarcar no Brasil?

Assirati - Do total que havia para ser demarcado em 1988, faltam cerca de 3%. Mas desde então houve surgimento de outras comunidades, dissidentes, e avaliamos que áreas para certos grupos são insuficientes. Então são um pouco mais do que aqueles 3%.

BBC Brasil - O governo Dilma tem homologado menos terras indígenas que os anteriores, e há 21 processos de demarcação parados no Ministério da Justiça ou na Presidência sem qualquer contestação judicial. Por que o ritmo das demarcações diminuiu?

Assirati - Logo que a Constituição foi promulgada, demarcaram-se áreas muito grandes, sobretudo na Amazônia. Ficaram para as etapas presentes áreas mais antropizadas, onde há maior dificuldade de trabalhar, no Centro-Oeste, Sul e Sudeste.

Mas, de fato, há processos que não tiveram andamento. Eles tramitaram, seguiram ao Ministério da Justiça, seguiram eventualmente até a Casa Civil, que é quem faz a pré-análise do processo de homologação para a presidente Dilma, mas não tiveram nenhuma conclusão.

BBC Brasil – Por quê?

Assirati - Essa pergunta que tem de ser feita aos outros órgãos (Ministério da Justiça, Casa Civil e Presidência). Muitos desses processos não caminharam por justificativa de que instaurariam conflitos na região, mas não temos elementos para afirmar que em todas essas áreas isso ocorreria.

"Demarcar terra indígena nunca será ação que gere zero conflito. Mas não é somente a delimitação que faz com que o conflito ecloda, há um conjunto de situações precedentes, como problemas históricos de ordenamento fundiário."

Demarcar terra indígena nunca será ação que gere zero conflito. Mas não é somente a delimitação que faz com que o conflito ecloda, há um conjunto de situações precedentes, como problemas históricos de ordenamento fundiário.

BBC Brasil - Chegou-se a um acordo para solucionar conflitos que envolvem indígenas no Mato Grosso do Sul?

Assirati - Sim. Pensamos na seguinte solução: o Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), que anda com dificuldade para encontrar áreas para fazer reforma agrária, compraria terras do Estado do Mato Grosso do Sul para realizar esses assentamentos.

E os recursos da venda das terras contribuiriam para que o Estado pagasse produtores rurais de áreas que estão em litígio judicial [devido a processos demarcatórios]. Assim, os produtores sairiam da área e poderiam comprar outras terras.

Isso foi pensado para a situação da fazenda Buriti [onde em maio um índio terena morreu em ação de reintegração de posse; pouco depois, a então presidente da Funai, Marta Azevedo, deixou o posto], mas poderia ser ampliado para outras terras indígenas.

BBC Brasil - Por que essa solução ainda não foi aplicada?

Assirati - A solução tem apresentado dificuldades porque o Estado (MS) não indicou um banco de terras e tem colocado dificuldades em relação à avaliação dos valores de terras. Isso tira a credibilidade dos envolvidos nesse processo.

BBC Brasil - No começo do ano, anunciou-se que a ministra da Casa Civil teria determinado a paralisação de demarcações no Sul. Isso de fato ocorreu?

Assirati - Nunca fomos oficialmente notificados, mas tivemos notícia de que alguns governadores teriam solicitado à Casa Civil que adotasse essa medida, e a Casa Civil determinou que se paralisassem demarcações no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina.

BBC Brasil – Então as demarcações continuam como sempre?

Assirati - Mais ou menos. Esse cenário colocou um ritmo diferente para as demarcações, porque essas manifestações públicas e declarações oficiais de órgãos do governo deram muita força a produtores rurais e a agentes públicos contrários à demarcação.

Em algumas situações, quando tentávamos avançar, tivemos impedimento. Não um impedimento explícito do governo federal, mas de agentes locais.

Criou-se uma conjuntura totalmente desfavorável, em que aqueles contrários às demarcações buscavam instrumentos para paralisar ou retardar processos, seja via judicial, via articulação política ou pela intimidação de servidores da Funai. Isso trouxe um novo ritmo aos processos de demarcação em quase todo o Brasil.

BBC Brasil - Como anda o cumprimento das compensações a indígenas pela construção da usina de Belo Monte?

Assirati - Houve um atraso enorme e muitas condicionantes não foram cumpridas. Mesmo antes de o empreendedor começar a trabalhar, já havia mudança completa no modo de vida das pessoas da região.

Houve um afluxo enorme de pessoas a Altamira, e algumas ações para diversas populações indígenas foram pensadas de forma emergencial. Essas ações não conseguiram preparar a intervenção do empreendedor na região.

Isso causou impactos enormes, alguns deles irreversíveis.

BBC Brasil - Que tipo de impactos?

Assirati - Comunidades rachadas, comunidades aldeadas que passaram a viver quase 100% de seu tempo na cidade, e com isso deixaram de plantar. Passaram-se dois anos na região de Altamira sem que comunidades que tradicionalmente são agricultoras plantassem um pé de mandioca, porque ficavam o tempo inteiro indo a Altamira solicitar lista de compras para o empreendedor.

Isso mudou hábitos alimentares, deixou indígenas que ficavam na cidade confinados numa Casa do Índio em condições extremamente precárias. Houve brigas e mortes de indígenas nessa situação de confinamento e enfrentamento étnico. As consequências foram muito graves.

BBC Brasil - Os problemas estão sendo contornados?

Assirati - Estamos conseguindo entrar no eixo. Estamos priorizando um programa para que indígenas pudessem ao menos voltar a se relacionar com seu modo de vida tradicional na aldeia. Agora há um número menor de indígenas frequentes em Altamira, mas estamos atrasados.

BBC Brasil - Quem é responsável por essa situação?

Assirati - Nenhum dos atores envolvidos estava preparado para a complexidade social, étnica e de relações públicas que foi Belo Monte. Não estavam preparados para chegar a uma cidade como Altamira, onde havia carência total do Estado.

Parte da população passou a acreditar que o empreendimento seria a grande solução para todos dali.

BBC Brasil - Quais foram as falhas da Funai no processo?

Assirati - Não estávamos preparados para um empreendimento que envolveria dez etnias, mais de dez terras indígenas. Só o componente indígena do EIA-Rima (estudo de impacto ambiental) de Belo Monte tem dez volumes. Era impossível se apropriar de todos os detalhes técnicos.

Tivemos uma série de situações imprevistas, como ocupações de canteiro, e isso levava o empreendedor e órgãos do governo a atender as demandas pontuais dos índios. A Funai esteve presente em todas essas discussões. Os indígenas faziam pedidos, o empreendedor dizia que era possível, e a Funai ficava sem protagonismo e sem força para reverter essa lógica.

Em 2012, encerramos a cooperação com a Norte Energia no trabalho de questões emergenciais e passamos a pensar em políticas públicas para acabar com a lista de compras, combustível, veículos e tudo o que circulava nos balcões em Altamira. Temos um grande passivo para reverter.

BBC Brasil - A Funai teme que os problemas de Belo Monte se repitam na bacia do Tapajós? O órgão foi comunicado sobre intenção do governo de construir hidrelétricas na área?

Assirati - Essa informação chegou à Funai há algum tempo. Apontamos preocupações e continuamos tendo essas preocupações.

Há no Alto Tapajós algumas terras indígenas bastante conservadas. No Médio Tapajós, há aldeias muito próximas de centros urbanos, com problemas como atividades ilícitas nas terras indígenas e apropriação de índios para trabalhos irregulares.

Achamos que, se é pra fazer empreendimento desse porte, antes precisa haver no mínimo cinco anos de investimento em ações do Estado na área.